COVID-19, Pobreza y Desigualdad

COVID-19, Pobreza y Desigualdad

El 17 de marzo de 2020, el gobierno ecuatoriano declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, debido a la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud. Entre otras medidas, se suspendió el derecho a la libertad de tránsito y el derecho a la libertad de asociación y unión.

Según datos de la Fiscalía General del Estado (2020), hasta el 4 de abril de 2020, aproximadamente 1 200 personas fueron detenidas por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad; es decir, por incumplir con el toque de queda. La mayoría de los detenidos se presentaron en la provincia del Guayas que, en la época, también presentó el mayor número de contagios y fallecidos.

El incumplimiento de las restricciones de movilidad fue asociado con una probable “indisciplina” de quienes incumplían las medidas de restricción; sin embargo, más allá del análisis del grado de obediencia y observancia de las leyes como una norma social fuerte o débil, en este proyecto se indagan sobre las causas que, además de la supuesta indisciplina, podrían relacionarse con el incumplimiento de las restricciones de circulación.

Para esto, se establecen relaciones entre variables sociales y económicas –como: los años de educación, la pobreza, la desigualdad de ingresos, el hacinamiento y la informalidad laboral, con la ratio de detenidos por el incumplimiento del toque de queda y el número de contagios y defunciones por COVID-19. Las metodologías utilizadas son el Análisis de Componentes Principales Robusto y el método de agrupamiento k-medias. Ambas metodologías permiten crear clústeres para agrupar a las provincias con patrones similares e identificar a las más problemáticas considerando la ratio de arrestos, los años de escolaridad y el nivel de pobreza. Los datos usados provienen de distintas fuentes: Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y Fiscalía General del Estado. Los análisis son realizados a nivel individual y provincial.

A nivel individual, según los datos de la FGE, las personas que más incumplieron con la medida son hombres, solteros, el 90 % de los detenidos tiene el bachillerato como máximo nivel de instrucción, y la edad de las personas que más incumplieron el toque de queda está entre 21 y 30 años (55 %), seguido por el grupo de 31 a 40 años (22 %); es decir, son personas en edad de trabajar y con bajo nivel de escolaridad.

A nivel agregado, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) y la relación entre las personas detenidas revelan que a mayor IPM, mayor ratio de detenidos. Adicionalmente, se observa una relación similar al analizar el coeficiente de Gini, que mide el nivel de desigualdad de ingresos, y el hacinamiento. En lo que respecta a la informalidad laboral, la mayor ratio de detenidos corresponde a personas que trabajan en el sector informal.

Por último, los resultados sugieren que la ratio de detenidos es más alta en provincias con la mayor ratio de detenidos, con los menores años de escolaridad y alta pobreza. En el análisis clúster se observa que el clúster “Alto” está compuesto por las siguientes provincias: Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Sucumbíos.

Bajos niveles de escolaridad, la informalidad laboral, la pobreza y la desigualdad económica se combinan peligrosamente en un solo término: hambre. Si el incumplimiento de medidas de autoridad competente se relaciona con las variables analizadas; la solución va más allá de una restricción de movilidad: es necesario crear mecanismos que permitan a los ecuatorianos llevar el pan diario a la mesa y vivir con dignidad.

 
Universidad
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